“El Estado turco ha cometido el delito de genocidio contra el Pueblo Armenio, en el periodo comprendido entre los años 1915 y 1923”. Esta declaración, realizada por un juez federal argentino el primero de abril de 2011 en Buenos Aires, se encuentra en el núcleo de una sentencia definitiva que constituye una primicia mundial y conlleva la consagración jurídica –el (re)conocimiento– de los testigos olvidados de un crimen negado por Turquía. La sentencia se inscribe en un marco singular y único en su género: la práctica judicial sui generis de los juicios por la verdad, auténtica especificidad nacional creada en Argentina en los años noventa para revertir la política del olvido de la época en lo relativo a los crímenes de la dictadura militar. Una práctica cuya existencia misma es el producto directo de una situación inicial de borrado e impunidad, que incita a la creación de mecanismos judiciales alternativos de certificación del hecho criminal y de consagración de sus víctimas/testigos.