La política estatal de desapariciones forzadas en Argentina (política planificada y ejecutada durante la dictadura militar de 1976 a 1983) posee todavía, hoy día, un efecto impactante: en ausencia de los cuerpos de los desaparecidos, las familias buscan a los muertos entre los vivos. Para ellas se trata de dar cuerpo, por el Derecho, a las víctimas desaparecidas y situadas por ese acto fuera de la ley. Si “el colmo de la desaparición es su propia desaparición” (Jean-Louis Déotte), entonces resolver jurídicamente el enigma de la desaparición implica tratar al desaparecido (como desaparecido, precisamente, y no como difunto) a través del Derecho en el que–desde el punto de vista del verdugo— se encuentra excluido por inexistente. En esta configuración completamente singular de violencia estatal de masa que se construye sobre la eliminación sistematizada de los cuerpos de las víctimas (esto es, de las huellas y de la prueba material del crimen), resulta interesante aprehender el cuerpo desaparecido como el objeto de un triple reto: el establecimiento de los hechos por el esclarecimiento, la (re)construcción y el conocimiento del relato de lo que sucedió; la revelación del crimen y el juicio a los responsables; el cese del crimen y el acceso al duelo. Se tratará entonces de pensar el cuerpo desparecido/ausente como generador de derechos individuales y de obligaciones estatales.